La Justicia federal puso el foco en la provincia de Corrientes ante la sospecha de que haya sido utilizada como punto de anclaje por una red criminal vinculada al Tren de Aragua de Venezuela.
La investigación, centrada en maniobras de lavado de dinero y financiamiento ilícito, avanzó con procesamientos confirmados y una detención reciente que reactivó el expediente.
El caso se apoya en una resolución de la Cámara Federal que ratificó el procesamiento y la prisión preventiva de más de una decena de personas acusadas de integrar un entramado financiero ilegal. De acuerdo con ese fallo, la estructura habría comenzado a operar al menos en 2019 y mantenía vínculos con distintos puntos del país, en especial el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Los investigadores describen un esquema económico diseñado para ocultar el origen de los fondos, que incluía transferencias informales de dinero, comercios utilizados como fachada, sociedades sin actividad real y la adquisición de bienes sin respaldo financiero. Parte de esos recursos habría sido canalizada hacia el exterior y estaría asociada a la organización criminal venezolana.
