El Gobierno avanza en la definición de un paquete de reformas sobre propiedad privada que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayores garantías a los inversores.
Según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el proyecto legislativo abarcará cambios en las leyes de expropiaciones, de tierras rurales, del régimen de manejo del fuego y los esquemas de regularización dominial. Aunque el Ejecutivo enviará las iniciativas a la Cámara de Diputados, desde la Casa Rosada reconocen que, por el momento, no cuentan con un borrador definitivo de la propuesta.
Uno de los ejes centrales de la reforma consiste en endurecer las condiciones para expropiar, restringiendo la definición de utilidad pública y reforzando el principio de indemnización previa.
El objetivo de la gestión es limitar la discrecionalidad del Estado en estos procesos, bajo la premisa de que “la idea es que expropiar sea realmente excepcional”. En este sentido, el oficialismo también busca revisar el régimen de integración socio-urbana de barrios populares para “reducir la capacidad expropiatoria” y priorizar acuerdos voluntarios con los propietarios en lugar de la transferencia obligatoria de inmuebles.
