El Gobierno anunció la presentación de nuevas denuncias penales contra directivos, gerentes y administradores de empresas que operan de forma irregular en las Islas Malvinas. La administración nacional busca “responsabilizar a todos aquellos” que vulneren la legislación vigente sobre soberanía hidrocarburífera.
Estas acciones judiciales incluirán la apertura de nuevos expedientes y la ampliación de causas en trámite. La ofensiva se profundiza tras la presentación efectuada por la Cancillería contra cinco compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.
Hasta el momento, el Ejecutivo contabiliza 60 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, alcanzados por procedimientos sancionatorios. Las infracciones encuadran en la Ley N° 26.659, la cual prohíbe realizar extracciones sin autorización oficial argentina y contempla inhabilitaciones de hasta 20 años.
