Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador presentaron documentos como “amicus curiae” en la Corte de Apelaciones de Manhattan, en Estados Unidos, en apoyo a la Argentina para evitar una condena de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera YPF en 2012, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
“Las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras del país”, dice un fragmento del escrito que fue publicado por el diario Financial Times.
En esta línea sentido, los países sudamericanos consideraron que el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska “amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos y Estados Unidos”.
De esta manera, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador acusaron a la jueza de aplicar “flagrantemente mal la ley”, argumentando que el tribunal estadounidense intervino en un asunto doméstico que concierne a una empresa argentina sujeta a las leyes y estatutos locales.
