La Justicia hizo lugar al amparo presentado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y ordenó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que garantice la continuidad de los tratamientos de hormonización en menores de 18 años: tanto los que ya habían comenzado como el acceso a nuevos.
En la demanda, la federación sostuvo la inconstitucional del decreto 62/2025 para modificar la Ley de Identidad de Género y sostuvieron que se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Lo ordenó la jueza Elena Liberatori, que indicó: “Con la implementación del DNU por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es posible -aún en este estado larval del proceso-, afirmar la existencia de la gravísima lesión al derecho de identidad de género y al derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género, como así también es posible considerar que el citado DNU responde a la categoría de ‘norma sospechosa’ de discriminación”.
