Tras los incidentes en los alrededores del Congreso de la Nación, fueron liberadas 94 personas de las más de 120 que habían sido detenidas por las fuerzas de seguridad.
Lo dispuso el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrad, quien analizó información de la Defensoría Pública, la cual consideró que se “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”.
“En un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial”, indicó Andrad.